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lunes, 14 de septiembre de 2015

NACIONAL PRESUPUESTO Facultad de Derecho se opone a norma de acceso a medicamentos

Es una "limitación legal" y eso es "manifiestamente inconstitucional

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República se sumó a quienes cuestionan el artículo 425 del proyecto de ley de Presupuesto, que regula la entrega de medicamentos y tratamientos. El órgano aprobó una resolución en la que rechaza el artículo al entender que "propone una limitación legal al suministro de medicamentos de alto costo para determinadas enfermedades".

La norma propuesta, incluida en el capítulo del Ministerio de Salud Pública, señala que la responsabilidad del Estado y de las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud "queda limitada" a los tratamientos y medicamentos regulados y autorizados.

Especifica que no será de su cargo "la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública".

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República analizó el tema y expresó su rechazo a la norma propuesta, dado que limita el acceso a determinados medicamentos —sobre todo oncológicos— que al no estar incluidos en el Formulario Terapéutico Médico los prestadores de salud no están obligados a brindar, cosa que en los últimos años ha generado la presentación de acciones de amparo ante la Justicia de parte de pacientes. 

La Facultad de Derecho buscará "propender a la apertura de un escenario de diálogo, discusión y estudio para la adopción de una política de medicamentos equitativa e igualitaria, sin excepciones y acorde a la realidad sanitaria que presenta la población actualmente, evitando la judicialización de los conflictos en la materia".
 

Servicio gratuito

El consejo respaldó la campaña de información a la población y de rechazo al artículo 425 iniciada por estudiantes y profesores que buscan su eliminación "por considerarlo manifiestamente inconstitucional". En especial, la Facultad de Derecho entiende que se debe aumentar el acceso a su servicio de asesoramiento gratuito atendido por docentes y estudiantes avanzados que han promovido decenas de acciones de amparo por fármacos representando a pacientes de bajos recursos. 

"Que, por considerarse de extrema importancia, corresponde que el Consejo apoye y facilite al Consultorio de la Facultad los medios correspondientes para llevar adelante la divulgación de ese servicio brindado a sus consultantes a los efectos de que la población tome conocimiento de tan loable tarea", expresa la declaración aprobada con los votos de los consejeros de la Corriente Gremial Universitaria (CGU) y todos los profesores, incluido el decano Gonzalo Uriarte. Los representantes estudiantiles y egresados del Frente Zelmar Michelini (Frezelmi) argumentaron en contra del pronunciamiento y se retiraron de sala antes de que se procediera a la votación. 
 

sábado, 5 de septiembre de 2015

Aumentará el aporte al Fondo de Solidaridad para algunos profesionales

El artículo 699 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, establece cambios en el aporte que hacen al Fondo de Solidaridad los profesionales egresados de la Universidad de la República, del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) y, se agrega, los de la nueva Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).
El diputado Jorge Gandini, del Partido Nacional, analizó el texto y advierte que si bien se alivia el aporte para algunos profesionales, se aumenta para otros y casi se duplica la cantidad de años en los que hay que pagar al Fondo de Solidaridad.
EXONERACIÓN. Actualmente están exonerados de este aporte anual los egresados de las universidades públicas que ganan menos de 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), 12.000 pesos aproximadamente.
Con el artículo propuesto por el gobierno estarán exonerados los que ganen hasta 8 BPC, unos 24.000 pesos.
Todos los egresados comienzan a pagar después de cinco años de recibidos. Esto se mantiene en la nueva ley de Presupuesto.
CARRERAS CORTAS. Los egresados de carreras que duran menos de cuatro años pagan hoy, a partir del quinto año de recibidos, 0.5 BPC (unos 1.500 pesos). Este aporte es durante 25 años o hasta que el profesional se jubila.
Con los cambios planteados en la ley de presupuesto, los egresados de carreras cortas pagarán 0.5 BPC entre el quinto y el noveno año luego de recibidos.
A partir del décimo año pagarán 1 BPC (unos 3.000 pesos) y no durante 25 años, sino hasta cumplir 70 años de edad o hasta jubilarse.
Si se toma como promedio que un estudiante se recibe cuando cumple 25 años, dice el diputado Gandini, actualmente aporta al Fondo durante 25 años, es decir hasta que cumple 50, aproximadamente.
Con la reforma planteada, si se recibe a los 25, “pagará hasta cumplir 70 años o hasta jubilarse”. Sería, en este caso, 20 años más de aportes.
CARRERAS LARGAS. Los egresados de carreras que duran cuatro años pagan hoy algo menos de 1 BPC (a valores de 2015), mientras que los recibidos en carreras de cinco años o más, pagan 1.5 BPC. En ambos casos es a partir del quinto año de recibidos y durante 25 años, o hasta jubilarse.
Con los cambios propuestos, advierte Gandini, entre el quinto y el noveno año ambos pagarán 1 BPC, pero a partir del décimo año serán 2 BPC (unos 6.000 pesos hoy), y no durante 25 años sino hasta cumplir 70 años de edad, o hasta jubilarse.
¿QUÉ ES EL FONDO DE SOLIDARIDAD? El Fondo de Solidaridad se creó por ley en julio de 1994 y fue reformulado, también por ley, en diciembre de 2001. También recibió cambios en sucesivos decretos.
El objetivo es financiar becas para estudiantes de bajos recursos, y “consiste en un apoyo económico de un monto mensual de hasta $5.638 (a valores de 2014), durante un máximo de diez meses, pudiéndose renovar anualmente si se cumple con los requisitos mínimos de escolaridad determinados por la ley”, dice la página web del Fondo.